Miguel Concha
Pobreza y derechos sociales en México
Esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer los resultados que arroja el Indicador de la tendencia laboral de la pobreza, mediante el cual se da seguimiento trimestral a la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica.
En el último trimestre de 2009 la pobreza alimentaria se incrementó 6.8 por ciento, lo que significa que de 2008 a 2009 el número de personas que viven en algún grado de inseguridad alimentaria aumentó en 3.2 millones de personas, lo que da un total a la fecha de 52 millones. Conclusión: 50 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse. La crisis económica ha golpeado de manera brutal los derechos laborales y ha profundizado la tendencia a la precarización del empleo, al grado que aun contando con un trabajo no se deja de ser pobre.
El propio secretario de Hacienda informó el 21 de julio que 5 millones 800 mil personas más ingresaron al ámbito de la pobreza en el país, a consecuencia de la crisis de 2009. La pobreza es la expresión más visible de la violación de otros muchos derechos humanos, particularmente de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales (DESCA). En ese sentido, el Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2008-2009), del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, da cuenta de cómo la crisis ha impactado en el goce y ejercicio de los DESCA.
Por ejemplo, respecto del derecho a la alimentación, México mantiene una balanza comercial deficitaria debido a la importación de alimentos, lo que a su vez implica el abandono del campo y, por tanto, la pérdida de la soberanía alimentaria del país. Muchos campesinos se ven obligados a migrar y otros tantos a sembrar plantas para la fabricación de drogas. Además, el gobierno federal autorizó la siembra de maíz transgénico, poniendo con ello en peligro esta semilla de origen mexicano y dejando a merced de grandes trasnacionales un producto básico para la alimentación, la cultura y la economía nacionales.
La pobreza impacta por supuesto el derecho a la salud. Sobre este tema el informe destaca que durante 2009 la crisis sanitaria derivada de la influenza A/H1N1 evidenció la falta de inversión en la investigación científica vinculada a la salud, pues ésta ha pasado de 0.97 por ciento en 1997 a 1.52 por ciento en 2008. Por lo que México se encuentra peligrosamente dependiente de la investigación y desarrollos científicos extranjeros.
Por otra parte, el Seguro Popular, programa que atiende a la población con menos recursos, tuvo un recorte debido a la crisis económica, lo cual afectó el abasto de medicamentos y frenó la construcción de ocho hospitales regionales para zonas de alta marginación. El recorte del presupuesto en salud, a consecuencia de la crisis económica, impactó también la atención de grupos discriminados y vulnerables, como las personas que viven con VIH/sida, debido a que los medicamentos que se requieren para sus tratamientos son totalmente importados.
En materia de vivienda no sorprende que en México exista un déficit de 551 mil 801 casas-habitación, ya que en gran medida el acceso a éstas depende del ingreso económico y, como hemos visto, la mitad de la población está en un nivel de pobreza alarmante. Se construye vivienda, pero no de interés social o accesible para la mayoría de la población. Y los créditos hipotecarios son de difícil acceso para la mayoría de las y los mexicanos. Además los servicios ligados a este derecho, como el agua entubada y el drenaje, no están garantizados para todas las personas, y en algunos casos, como los de la energía eléctrica, el costo se ha elevado de manera considerable.
Sobre la situación del derecho a la educación, que es por cierto considerado como una las mejores apuestas de cualquier Estado para salir de la pobreza, tenemos en México serios problemas en materia de calidad. Este derecho se está viendo cada vez más como un servicio que deja jugosas ganancias al sector privado, que de la mano del gobierno ha impulsado la exclusión de contenidos humanísticos y filosóficos de las currículas escolares, con el argumento de impulsar una educación más acorde con las necesidades del mercado, en detrimento de la generación de personas críticas y capaces de cuestionar el actuar gubernamental. Grupos de población, como las comunidades y los pueblos indígenas, o las personas con discapacidad y las y los jóvenes, se enfrentan a un sistema educativo excluyente y poco sensible a sus necesidades.
En un contexto de crisis económica, el respeto y el cuidado del medio ambiente han sido también poco promovidos. Como en años anteriores, en 2009 se favoreció la actividad turística a costa del equilibrio ecológico. Ese año 39 predios que fueron expropiados a ejidos y comunidades serán destinados a uso turístico, industrial, residencial o habitacional. Muchos no cuentan con la normatividad ambiental que se requiere, además de beneficiar solamente a grandes consorcios y no a los pobladores de las zonas que en gran número de veces son engañados o despojados de sus tierras. Los derechos humanos son integrales e interdependientes y por ello la afectación de uno impacta en el resto. Que la mitad de la población del país no cuente con ingresos suficientes para una vida decorosa es un asunto grave que requiere un cambio de estrategia y una nueva forma de hacer políticas públicas, particularmente las políticas sociales.