Sin libertad sindical no hay democracia

La Jornada, 03 de julio de 2010
Arturo Alcalde Justiniani Sin libertad sindical no hay democracia
La libertad sindical continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda democrática del país. Más allá de declaraciones oficiales, organizarse gremialmente es toda una odisea. Cualquier iniciativa suele enfrentarse a toda clase de obstáculos, empezando por el patrón, quien considera un agravio que sin autorización suya los trabajadores se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades se sienten con el derecho de otorgar y quitar “tomas de nota” atendiendo a sus intereses. Los líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio, por cierto el más detestable: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y mujeres que trabajan.
La imposibilidad práctica de los trabajadores mexicanos de organizarse libremente limita la existencia de una contratación colectiva auténtica, que es clave en cualquier sistema laboral moderno, obstaculizando el diálogo social, considerado en el mundo como un medio privilegiado para el desarrollo de las sociedades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriéndose a la libertad sindical, ha señalado: “...reconocida como fundamental por todas las cartas de derechos humanos... la libertad de asociación garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de trabajar conjuntamente en la consecución de sus intereses comunes y laborales. Su máxima expresión es la negociación libre y voluntaria de las condiciones de trabajo...”.
La libertad sindical no es un valor abstracto o un ideal inalcanzable; al contrario, es normal en países democráticos y su ausencia se refleja en la precariedad laboral. Basta mirar nuestro propio entorno. El salario en México está ubicado entre los más bajos del mundo, las jornadas de trabajo crecen y en muchos centros laborales llegan a las 12 horas diarias, la contratación por honorarios se convierte en práctica común de los gobiernos y, cuando aplican recortes presupuestales, la primera medida es sacrificar el ingreso de estos indocumentados laborales. Podemos confirmarlo en la iniciativa privada, en las dependencias federales y en los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.
La degradación laboral se recrudece en las últimas décadas, afectando a trabajadores de distintos sectores. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se reconoce relación laboral, ni el derecho a la seguridad social a varios miles de trabajadores, a pesar de que vienen laborando durante muchos años. Quienes se desempeñan en la banca de desarrollo sufren acoso por tener la osadía de intentar formar una federación democrática. Su dirigente, Ángel Romo Lazo, hace unos días denunció valientemente la persecución que sufren de la gerencia de Banobras por “el pecado” de tomar en serio su derecho a la libertad de asociación. Como respuesta a la presión ejercida, los trabajadores del sector han hecho un frente común. A nivel de la pequeña y mediana empresa, la indefensión es la regla general. Ante la escasez de empleo, se impone a los solicitantes condiciones indignas, como la firma en blanco de renuncias y pagarés; verdaderas mafias se han apoderado de las compañías de limpieza y de servicios, el acoso sexual y los despidos por embarazo son cosa de todos los días. La afiliación al Seguro Social con el salario real es un verdadero triunfo. El pasado jueves cumplieron 100 días en huelga los despachadores de gasolina de la estación Belem en esta ciudad; reclaman a su patrón, Salvador Guerrero Alonso, sólo salario mínimo profesional y seguridad social. Se resisten a ser únicamente propineros.
En contraste a los verdaderos problemas de la gente, mañana asistiremos a una jornada electoral plagada de promesas demagógicas, ausente de compromisos concretos en temas como recuperación salarial, cambio en los sistemas de justicia y protección social universal. La población bien sabe que las vagas referencias al empleo sólo se concretan en los parientes y amigos de los candidatos. Obviamente, el tema de los derechos civiles, políticos y económicos, incluido el de libre asociación gremial, no aparece. La lógica de los partidos anda en otro lado.
La condición de la libertad sindical en México se acredita con el hecho de que sólo uno de cada 100 trabajadores tiene el privilegio de contar con un sindicato democrático. La pregunta es: ¿qué hacer para superar esta postración? No cabe duda de que la organización social y política es un medio de defensa insustituible y que uno de sus caminos es el uso de los mecanismos internacionales de defensa, entre ellos, la presión de organizaciones de todo el mundo para que el gobierno mexicano respete las normas de convivencia internacional, como el Convenio 87 de la OIT, que, por cierto, mañana cumple 60 años. Este valioso instrumento forma parte del orden jurídico mexicano, por disposición del artículo 133 constitucional, con jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo, atendiendo la tesis aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2007. Este convenio señala que los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a organizarse con absoluta libertad, y “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. Una vía internacional para presionar a su cumplimiento son las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, del cual el gobierno mexicano es cliente frecuente.
En estos días, la SCJN definirá la suerte de la “toma de nota” y la posibilidad de un nuevo criterio que impida la intromisión de las autoridades en la vida de los gremios, revisando la jurisprudencia 86/2000. Emitir una sentencia ajustada al Convenio 87 de la OIT sería un paso congruente con otras decisiones dictadas en el pasado en favor de la libertad sindical.